Con la idea de reunir un poco de información y tenerla toda juntita a modo de índice y consulta, adjunto información extraída de wikipedia sobre el caso Gurtel y la relación de múltiples casos abiertos por corrupción en España.
Pero no somos los únicos. en el siguiente mapa se puede observar a nivel geográfico el grado de transparencia que existe. Para deprimirse o pensar que esto no tendrá solución nunca.
Caso Gurtel
El denominado caso Gürtel es la investigación iniciada en febrero de 2009 dedicada a una presunta red de corrupción política vinculada al Partido Popular de España.
La trama estaría encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán («Gürtel» se traduce como "cinturón", vocablo semejante a «Gurt», que significa "correa") da nombre al caso.
El caso fue instruido inicialmente por el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, hasta que fue separado del caso tras haber sido condenado en febrero de 2012 a 11 años de inhabilitación profesional.
El caso Gürtel fue destapado por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, en su vigesimoséptima edición de 2010, al "mejor trabajo de prensa".1 2
Inicios
José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el día 6 de noviembre de 2007. Aportó como pruebas grabaciones ocultas realizadas en reuniones con personas como Isabel Jordán, administradora de la empresa Easy Concept que, junto con Special Events y Orange Market eran propiedad de Francisco Correa.3Ana Garrido Ramos, Técnico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, realizó durante el año 2008, un trabajo de investigación sobre las prácticas corruptas del citado Ayuntamiento. En Enero de 2009, presenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, a través del Sindicato Manos Limpias. En dicha denuncia aporta un dossier cuyo contenido refleja que el patrimonio del entonces alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, era infinitamente superior a sus ingresos como Alcalde; así mismo facilita una relación de dirigentes políticos y empresarios presuntamente vinculados a la trama Gürtel. La demandante, tiene que huir a Costa Rica, estando fuera de España durante cerca de dos años. Posteriormente, Ana Garrido Ramos será citada a declarar por el TSJM como "testigo clave" en el caso Gürtel.4 5 6 7
La trama estaría encabezada por un cuarteto integrado por el empresario Francisco Correa y tres de sus hombres de confianza: Álvaro Pérez apodado "El Bigotes", Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Este grupo habría establecido un supuesto conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios.
Las empresas de Correa organizaban eventos públicos del Partido Popular durante el Gobierno de José María Aznar. Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre dejaron de contar con él en 2004.8
El método más habitual para obtener sus ventajas y beneficios era la utilización de dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas.9
José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Francisco Correa y de Pablo Crespo, mostró a los jueces los asientos contables del dinero supuestamente relacionado con este asunto, la llamada "caja B". En la documentación figuran los nombres de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar), Álvaro Pérez, Antoine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F. Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martínez. Francisco Correa pidió a su empleado figurar en ellas como "Don Vito, como el de la película" (refiriéndose a Don Vito Corleone, personaje interpretado por Marlon Brando en El Padrino).10 Todas estas personas están o han estado vinculadas al PP; sin embargo, no ha sido constatada la financiación ilegal del Partido Popular como persona jurídica.
Tras el levantamiento del secreto del sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se conocen indicios de posible financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Partido Popular de Galicia, Partido Popular de Castilla y León y del Partido Popular nacional.11 12 13 14 15
Las empresas de la red
Hay veintitrés empresas relacionadas con la red de corrupción,[cita requerida] Entre ellas destacan las siguientes:Special Events
Agencia de eventos que entre 1996 y 1999 organizó todos los actos políticos del Partido Popular de Galicia. Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa por un importe total de 210.000 euros. El propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón admitió que en 2004 "se manipuló un informe técnico" para adjudicar a esta empresa un contrato por valor de 153.000 euros.16 17 18Pasadena Viajes, S.L.
Empresa propiedad de Pablo Crespo, con la que el Ayuntamiento de Boadilla organizó diversos viajes, algunos de ellos al equipo electoral de José María Aznar en su campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003.16 19Easy Concept
Compañía especializada en la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano. En 2005 el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, suscribió un contrato con ella. La Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso, más de 70 contratos.16Good and Better, S.L.
Junto con Easy Concept es la otra firma presuntamente favorecida con contratos "a dedo" por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Entre los años 2004 y 2005 habría organizado eventos junto con Easy Concept por valor de 562.183 euros.16 20Orange Market
Fue la empresa proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. La empresa organizaba mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoció el propio partido. Vinculada a uno de los detenidos, Pablo Crespo, a ella se le adjudicó el diseño del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur. Su presidente, Álvaro Pérez, el Bigotes, pagó trajes a Francisco Camps por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa, según Garzón, pero no para la justicia española que sentenció a favor de Francisco Camps.21 16Baltasar Garzón y el caso Gürtel
Cacería con Mariano Fernández Bermejo
En los días en que estalló el escándalo del caso Gürtel, Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo, por entonces Ministro de Justicia, fueron juntos de cacería en el municipio de Torres, en Jaén, coincidiendo también en la cena celebrada a continuación de la cacería con el Comisario General de la Policía Judicial, Juan Antonio González. Fernández Bermejo se vio obligado a dimitir como Ministro por no disponer de permiso de caza.52Ante la publicación en los medios del encuentro, la dirigencia popular lo calificó de "compadreo intolerable" y denunció una presunta "estrategia de destrucción" puesta en marcha contra su fuerza política, e intentó personarse en el proceso judicial.53 El gobierno de Esperanza Aguirre solicitó la recusación de Garzón por su "notoria animadversión" hacia el PP, al considerarse "parte perjudicada" dentro de la investigación.
El organizador de la cacería, un militante y exconcejal del PP, aseguró que el encuentro fue fortuito y entre un nutrido grupo de personas, hablando sólo de "temas triviales". Distintos medios recordaron que las pesquisas llevaban un par de años de labor (en el caso de algunas personas más de cinco años) y que Garzón también fue recusado por parte de los socialistas en los años 1990 por sus investigaciones sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación, justificándose su "mala fe" al no ser designado ministro por Felipe González cuando fue diputado bajo las siglas del PSOE, situación ante la cual el PP defendió la continuidad del polémico juez, la cual prevaleció.
Denuncias por prevaricación
Baltasar Garzón, fue denunciado por el abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar y propietario de Televisión Castilla y León.54 El motivo de la querella es la orden de Garzón de grabar las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que habría podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad. El 25 de febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España admitió a trámite la querella.54Estas escuchas fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que dicha intervención vulneraba "el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías".55 56
El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, en su Auto de 19/10/201057 afirma que Garzón ordenó las escuchas interpretando la ley "de forma errónea" y, sin motivación alguna, ante la "mera posibilidad" de que los letrados actuaran de "enlaces" de la trama de corrupción con el exterior y pese a no tener contra los abogados sospechas ciertas. Esta actuación "conducía, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho de defensa" y con ello, Garzón "transmutó el ejercicio de este derecho fundamental en un instrumento idóneo para la autoincriminación de los imputados internos en prisión, desarbolando o desactivando cualquier estrategia defensiva que pudieran poner en práctica los letrados".58
En la Comunidad de Madrid
Ante las imputaciones dimitieron tres cargos del PP de Madrid (dos autonómicos y uno municipal) que presuntamente recibieron pagos ilícitos a cambio de contrataciones entre 2006 y 2007: el consejero de Deportes, Alberto López Viejo; el exalcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega (ambos nombrados por Aguirre); y el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Sobre López Viejo, Aguirre expresó su plena confianza:"Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid [...] López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular"Posteriormente, los diarios El País y El Mundo dieron a conocer datos sobre las investigaciones de Garzón revelando que López Viejo sugería a Francisco Correa fraccionar los contratos de servicios signados con la Comunidad de Madrid (muchos sin respaldo presupuestario ni la tramitación legal requerida) para presentarlos a través de terceras empresas, evitando así los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo,61 lo que permitió aumentar los precios de coste hasta en un 40 % más de lo debido y cargar gastos de los actos electorales del PP a distintas consejerías del gobierno regional.62 De acuerdo a las informaciones aportadas, Esperanza Aguirre siempre depositó en él la responsabilidad de organizar todos sus actos, primeras piedras, presentaciones, inauguraciones, etc. "En total, millones de euros a lo largo de los cinco últimos años".63
No obstante el apoyo ofrecido a López Viejo meses antes, el 2 de mayo de 2010 Esperanza Aguirre afirmó sobre la corrupción y sobre la implicación de su persona en el caso lo siguiente:
«La corrupción requiere una respuesta política desde el primer momento, como he hecho en la Comunidad de Madrid. Aunque les pese a mis adversarios, en los miles de folios del sumario mi nombre sólo aparece una vez y es para insultarme y decir que les impedía hacer sus negocios»El que era por entonces tesorero nacional del PP y senador por Cantabria desde 2004, Luis Bárcenas, el eurodiputado Gerardo Galeote y el diputado nacional por Segovia Jesús Merino Delgado, fueron imputados por su vinculación a la trama Gürtel. A Bárcenas se le relacionaba además en el caso de espionaje a miembros del PP en Madrid.65 66 67 El 19 de abril de 2010, Bárcenas y Merino abandonaron sus actas de senador y diputado nacional, respectivamente, rechazando además que su defensa procesal la siguiera costeando su partido. La causa contra Bárcenas y Galeote fue archivada el 1 de septiembre de 2011, y la causa contra Merino el día 2
Esperanza Aguirre64
Con el paso de los días, aparecerían nuevos nombres relacionados con la presunta trama en la Comunidad de Madrid, como el de Benjamín Martín Vasco, diputado autonómico del PP cercano a Aguirre, que preside la comisión que investiga el espionaje a cargos populares madrileños contrarios a la presidenta regional por parte de agentes de la Consejería de Interior cuando fungía, a finales de 2006, como alto funcionario en Arganda del Rey.68 Finalmente, el 18 de febrero de 2009 Martín Vasco se apartó de la presidencia de la comisión rebasado por las críticas.
En cuanto a la "coincidencia de tiempos" con que se hizo público el caso, se explicó que fue el riesgo de fuga de los implicados lo que precipitó las detenciones, pues los sospechosos estaban ya al corriente de los pinchazos telefónicos y cibernéticos, destruían documentos y preparaban su salida del país.69
El 24 de abril de 2009, el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, llamó a declarar como imputados al diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor y al ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Juan Carlos Clemente Aguado. También ha citado a Francisco Correa, al abogado Santiago Lago Borstein y a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns y Enrique Ruiz de la Fuente.70
El País publicó en mayo del mismo año que en el libro de contabilidad de dinero negro aparecían pagos al exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, en concreto 220.000 euros, actual portavoz adjunto del PP. Asimismo, se hizo pública la presencia de Álvaro de la Cruz en las anotaciones. De la Cruz fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez-Cascos cuando era secretario general del Partido Popular, y se indica que cobró 30.000 euros.71
El 6 de octubre de 2009, el TSJM levanta el secreto de sumario sobre 17.000 folios de los casi 60.000 de los que consta el mismo,72 que se corresponden con la instrucción realizada por el juez Baltasar Garzón. La presidenta de la Comunidad de Madrid expulsa del Grupo Parlamentario Popular de la asamblea regional a los tres diputados autonómicos imputados: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. Además, les pide la entrega de sus actas como diputados regionales, ante lo que estos se niegan, pasando a formar parte del hasta entonces inexistente Grupo Mixto del parlamento autonómico.73 Asimismo, Esperanza Aguirre solicitó a todos los imputados con cargos electos en la Comunidad de Madrid que se desvincularan del Grupo Popular correspondiente, y devolvieran sus actas. El único en atender esta petición fue el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Los demás, como el exalcalde de Boadilla del Monte, o los anteriores diputados autonómicos, fueron apartados del Grupo Popular, mientras retenían su acta correspondiente.
El 22 de febrero de 2010, se publica en los medios de comunicación que la Agencia Tributaria española descubrió algunas comisiones sin declarar de nueve altos cargos del PP, los tres diputados y los cuatro alcaldes que fueron forzados por su partido a dimitir de sus cargos o a abandonar el grupo por estar involucrados en la trama, por un valor de 3,8 millones de euros y, consiguientemente, cometiendo un delito de tipo fiscal.74
En la Comunidad Valenciana
Tomás declaró posteriormente que los trajes de Camps eran pagados por Pablo Crespo, dirigente del PP gallego y administrador único de la empresa Special Events (propiedad de Francisco Correa). También aseguró que Francisco Camps se mostraba muy preocupado y le preguntaba nervioso sobre la existencia de facturas a su nombre. Según Baltasar Garzón, estos supuestos sobornos estarían vinculados con una hipotética adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros a la empresa de Francisco Correa en Valencia por cuatro años.[cita requerida]
Además de Francisco Camps, Baltasar Garzón también presupone implicación en esta supuesta trama a otros dirigentes del PP valenciano, como el secretario general, Ricardo Costa, o el secretario de organización, José Víctor Campos.76
El 14 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), hizo pública la imputación de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.77
El Partido Popular defendió de inmediato la inocencia de Camps, y llegó a celebrar su imputación porque, según la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal: «Por fin va a poder hablar en condición de igualdad y tener derecho a la defensa.»78 Otros dirigentes del PP también defendieron a Camps, como la Portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, quién apeló a la presunción de inocencia del presidente valenciano.79 Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, denunció una «cacería contra Camps», que se debería a sus éxitos electorales en la Comunidad Valenciana.80
El día 15 de mayo fue también imputado por el TSJV el empresario Álvaro Pérez, presidente de Orange Market y amigo íntimo del presidente Camps.81 La empresa dirigida por Pérez, filial de la Special Events de Francisco Correa, fue la que presuntamente se encargó de suministrar trajes por valor de 12.000 euros a Camps y otros altos cargos del PP valenciano.
El día 16 Camps apareció públicamente en un mitin del PP en Valencia. En su comparecencia no mencionó explícitamente su imputación en el caso, y se limitó a vaticinar una victoria del PP en las siguientes elecciones europeas y a denunciar que «algunos hacen de la insidia el único camino». En el mismo acto intervino también Ricardo Costa, quien agradeció las múltiples muestras de apoyo que recibían en la calle.82
Camps compareció ante el juez el día 20, y se declaró «muy tranquilo y satisfecho por haber podido dar mi opinión sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos meses». Su declaración ante el Tribunal duró 45 minutos. En la calle, el presidente recibió tanto muestras de apoyo como descalificaciones. Finalmente, el Tribunal encontró indicios suficientes de un posible delito de cohecho y decidió que el presidente valenciano compareciese ya como acusado. No obstante, los jueces que formaban el TSJV decidieron por dos votos contra uno anunciar que no se habían encontrado indicios suficientes de la relación de dichos trajes con los contratos, por lo que se sobreseyó el caso,83 conociéndose de inmediato por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que dicha sentencia sería recurrida por la Fiscalía General del Estado, lo cual llevó a los dirigentes del Partido Popular a alzar la voz por la presunta falta de independencia del órgano persecutor.
El 24 de septiembre de 2009, en un nuevo giro del caso, los periódicos El Mundo y El País se hicieron eco de un informe policial que detallaba el funcionamiento de la presunta trama corrupta dentro de la Comunidad Valenciana, explicando el diseño de una doble contabilidad en las empresas involucradas y los arreglos con el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, y con el vicepresidente de la Generalidad, Vicente Rambla, concluyéndose el ingreso de dinero negro a las arcas populares.84 Dos días más tarde, El País y la cadena SER darían a conocer diversos pinchazos telefónicos policiales, entre ellos el que registra una conversación del vicesecretario de organización del PP de Valencia, David Serra, con Álvaro Pérez "El Bigotes" el 29 de diciembre de 2008, la cual alude a las operaciones entre el partido y una de las empresas de Pérez, así como al conocimiento que de las mismas tenía el presidente de la Generalidad, Francisco Camps, pues a decir de Serra "éste ('el presi', como se le denomina a Camps en la charla) lo sabe todo", a lo que "El Bigotes" respondió "Sí, ya lo sé".85
El secretario del PP valenciano, Ricardo Costa, fue destituido «temporalmente» por Francisco Camps en octubre de 2009 tras un tira y afloja entre su proclama de independencia del PP valenciano y las presiones ejercidas desde la cúpula nacional de su partido.86 También serían destituidos el vicesecretario de Organización, David Serra, y la tesorera, Yolanda García.87
En Galicia
El ex secretario general de organización del Partido Popular en Galicia, Pablo Crespo, fue uno de los imputados88La Xunta de Galicia, presidida por Manuel Fraga autorizó en abril de 2005 la construcción de la cementera de Coirós, denominada Gallega de Molienda de Clinker y presidida por Ramón Blanco, citado a declarar por Baltasar Garzón y antiguo socio de Pablo Crespo.[cita requerida]
Una red de unas 20 compañías con sede en Galicia, lideradas por Ramón Cerdá Sanjuán, acabadas de crear o sin actividad, fue empleada por altos cargos del Partido Popular implicados en el caso para lograr adjudicaciones.[cita requerida]
Juan Casares, exdiputado del PP en el parlamento gallego, y José Enrique Sotelo, diputado provincial por Pontevedra y líder de los populares en Cangas do Morrazo, fueron acusados de formar parte de la trama,89 por supuestamente tener certificados de unos parquímetros inexistentes en la villa de Cangas. Sotelo fue absuelto en junio de 2010.90 Por otro lado, las empresas de la familia Casares recibieron un total de 19 millones de euros en contratos de la Junta de Galicia entre 2000 y 2005.[cita requerida]
Según un informe policial del que se hicieron eco los medios en el mes de septiembre de 2009,[cita requerida] más del 52% de los gastos derivados del PP de Galicia en las cuentas de las empresas relacionadas con el caso Gürtel fue pactado en dinero negro entre los años 1996 y 1999, siendo por entonces Pablo Crespo el secretario de organización del partido.
Importes implicados
El juez del caso fijó la fianza por responsabilidad civil de Francisco Correa y otros cabecillas en 201,4 millones de euros en total. 91Luis Bárcenas recibió de la trama Gürtel al menos 1,3 millones de euros.
Consecuencias
Dimisión o cese de cargos públicos por su vinculación con el caso:- Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. Febrero de 2009.
- Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte. Febrero de 2009.
- Ginés López, alcalde de Arganda del Rey. Marzo de 2009.
- Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo de Alarcón. Marzo de 2009.
- Ricardo Galeote, concejal de Estepona. Mayo de 2009.
- José María Michavila, diputado del Congreso. Agosto de 2009.
- Gerardo Galeote, eurodiputado. Julio de 2009.
- Ricardo Costa, diputado en las Cortes Valencianas. Octubre de 2009.
- Luis Bárcenas, senador. Abril de 2010.
- Jesús Merino Delgado, senador. Abril de 2010.
Pedro García, director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV). Agosto de 2009.
A continuación un cuadro con los múltiples casos de corrupción en España a modo de consulta. Son enlaces también a la wikipedia.
Relación de casos de corrupción en España
